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Reflexiones sobre la Justicia y el Derecho (I)

En el post que más visitas ha recibido este blog hablaba de un concepto algo abstracto: La justicia “social”. He de precisar que, strictu sensu, la justicia social, como me recordó algún compañero de carrera, hace referencia a la jurisdicción laboral. Derecho social y derecho de los trabajadores son sinónimos. También se alude a la vertiente social del derecho como aquella que se ocupa de las cuestiones más estrictamente sociales, términos como “Seguridad Social” no son aleatorios, aunque pueda parecerlo.

Obviamente cuando yo aludía a la justicia “social” estaba haciendo referencia a otra cosa bien distinta. Muchas preguntas me hicieron entonces acerca de la justicia, así que este va a ser el primero, y espero que no el último, de una serie de post donde tengo intención de reflexionar, sin ser exhaustivo en todas mis afirmaciones, sobre la Justicia y el Derecho. 

Todos tenemos una idea de lo que debe ser la justicia, pero cuando nos preguntan que definamos lo que es la justicia difícilmente se puede hacer sin aludir a lo justo o a lo injusto. Lo más fácil para explicar lo que es justicia es referir un supuesto de hecho y calificarlo como justo o injusto.
En algunos casos es muy fácil determinar cuando un hecho es justo o injusto, pues la visión de las personas acerca de un mismo hecho es idéntica. Sin embargo, no ocurre así con todo. Cuanto más complejo es un hecho, más complejo resulta determinar si es justo o no.

Un caso que me llamó mucho la atención en la carrera fue el de los juicios de Nüremberg. Hasta que llegué a la carrera nunca me había planteado sí las condenas que dictaba aquel tribunal eran justas o injustas. Para mí era una obviedad que aquellos que habían protagonizado y dirigido la mayor masacre de la humanidad pagaran sus crímenes y que eso era justo.
No obstante, el hecho de que algo parezca a priori parezca justo no significa que lo sea. La justicia debe entenderse como una suma de principios, o de garantías, para asegurarnos que aquellos que creemos justo, realmente lo sea. Una de estas garantías es el derecho a un juez imparcial. ¿Qué juez podía ser imparcial después de la II Guerra Mundial? Probablemente más de uno, pero difícilmente uno que perteneciera al bando aliado; puede que lo fuera, pero formalmente es un dato llamativo. En la grandísima película Vencedores o Vencidos se revela esta contradicción en algunos pasajes de la misma.

Partiendo de este supuesto de hecho, en el que espero haberos revelado que en el mundo del derecho no hay blanco y negro, cabe preguntarnos: ¿Justicia y derecho coinciden? La mayoría imagino que inmediatamente contestará: No.
Y esa es la realidad. Pero la respuesta no debe ser tan taxativa. No siempre, es en mi opinión, la respuesta adecuada.

Siempre he tenido la manía de hacer una comparación un tanto atrevida, para mí el derecho es a la sociedad lo que la medicina al cuerpo humano. Me explico. La medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano. Mientras que el derecho, en mi opinión, no es un mero conjunto normativo. Obviamente es un conjunto normativo por el que se rige una sociedad, pero al igual que la propia sociedad es una realidad viva y que trata de responder a las necesidades de la misma buscando promover la justicia, esto es la salud.
Mi comparación con el campo de la medicina viene a cuento de que en el derecho, al igual que en la medicina, hay conflictos (enfermedades) para las que no hay solución, o para las que aún no se ha encontrado la respuesta (la cura). No obstante el jurista (los investigadores del mundo del derecho, que los hay) busca el remedio para solucionarlo. Y aquí al igual que en la medicina caben distintas respuestas a una misma solución. Puede promulgarse una nueva ley, puede recurrirse a las ya existentes dándoles una interpretación distinta, puede recurrirse a sentencias dictadas con anterioridad para un supuesto de hecho idéntico…
Podría dar más analogías y numerosísimas diferencias, pero puede que aborde esta cuestión en otro post, ahora voy a volver a la justicia.

¿Es justo que alguien que después de violar a una discapacitada intelectual, de atropellarla siete veces, y quemarla viva, quede libre después de cumplir una condena de 4 años? La respuesta es muy sencilla. El problema del derecho es que no puede centrarse en regular los casos concretos, y un problema mayor aún es que es incapaz de prever hasta donde es capaz de llegar la crueldad del hombre. Antes del caso de Sandra Palo difícilmente era imaginable que un menor, de 14 años de edad, pudiera protagonizar un crimen tan horripilante.
Ante actos tan improbables el derecho queda sin respuesta y se produce una injusticia en toda regla. Son las denominadas lagunas del ordenamiento jurídico, casos para los cuales no hay respuesta, o la hay pero no es una respuesta adecuada.
Ocho años después, que un menor de edad sea capaz de cometer un asesinato no parece tan descabellado, y la realidad jurídica trata de responder a la realidad social, pero debemos tener presente una cosa, la realidad social siempre irá por delante de la realidad jurídica y siempre se producirán casos análogos al de Sandra Palo. La culpa de que se produzcan injusticias, en estos casos, no es del derecho, sino del hombre que trata de saltárselo.

¿Es justo que el ex-Presidente de la Generalidat Valenciana sea declarado no culpable después de que los medios de comunicación nos hicieran creer que era culpable de un delito de cohecho impropio? En este caso algunos tendrán la respuesta muy clara, otros dirán que mi pregunta es capciosa, y otros dirán que le deberían haber condenado por otra cosa y no por tres trajes absurdos. A estos últimos les diría que estoy de acuerdo con ellos. Y al igual que a él a más de uno, pero esto es harina de otro costal.
El caso de Camps es más turbio (que no complejo desde el prisma de la justicia, el cual es el que estamos abordando), mucho más, que el de Sandra Palo. Muchos han dado por hecho cosas que en realidad ignoran. Para que un juicio pueda ser justo requiere partir de un hecho cierto, de ahí las pruebas que se presentan en todo proceso. La prueba tiene el objeto de determinar la certeza del hecho en cuestión, y una vez determinado el mismo es en base a él cuando se puede emitir el juicio.
Todo el mundo considerará una aberración y algo propio de una dictadura el hecho de que condenen a prisión a una persona en base a la declaración de una sola persona, o incluso de dos ¿o no? ¿O sólo nos parece una aberración cuando no nos han hecho creer que una persona es culpable?

Y ¿qué ocurre cuando hay indicios pero éstos no son suficientes para condenar? En materia de pruebas podemos considerar que el caso Camps y el del Marta del Castillo son similares. La mayoría de la sociedad tiene la impresión de que con certeza sabe quien es el culpable y exige justicia. Pero cuando se exige justicia se exige también un juicio justo y esto conlleva una serie de garantías. Que no se haya condenado a Camps, o que no hayan sido condenadas más personas que parecían culpables en el caso de Marta del Castillo no es capricho de un juez, o de un grupo de jueces, por mucho que a más de uno les de por decir otra cosa. El hecho de que no sea un capricho encuentra su explicación en el denominado “in dubio pro reo”, en caso de duda se absuelve al imputado. ¿Por qué? Pues en Roma, hace un par de miles de años, se dieron cuenta de que es preferible que una persona sea declarada no culpable a que se le condene injustamente. Este argumento que se utiliza por aquellos que están en contra de la pena de muerte, a menudo se olvida cuando las condenas sólo son privativas de libertad. No debemos olvidar que la libertad es uno de los derechos fundamentales que consagra cualquier constitución democrática, y los reparos en limitarlo deben ser iguales que los que ponemos al limitar el derecho a la vida.

La denuncia que muchas personas me han hecho llegar es que este sistema tan garantista permite que los criminales queden libres. Es posible, pero esa denuncia parte de una presunción que es contraria a la idea de justicia. Esta presunción no es otra que considerar que estamos ante unos criminales, cuando, y éste es otro principio fundamental de todo Estado de Derecho, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿A quién le parece justo que una persona sea condenada a pasar 20 años en prisión en base a que parece culpable? Todos conocemos, no sólo por las películas, casos en que han sido condenados personas inocentes, aún teniendo un sistema tan garantista como el que tenemos, ¿Nos hemos parado a pensar que ocurriría si fuera menos garantista? Yo os daré la respuesta, que el número de condenas injustas sería mucho mayor.

Lo que ocurre es que cuando se pierde la objetividad, cuando la indignación se apodera de nosotros y consideramos que estamos en posesión de la verdad absoluta, quedamos tan cegados que estamos dispuestos a perder garantías en aras de lo que en principio nos parece algo de toda justicia.
Y aquí viene a colación el último de los casos que voy a citar. El del juez Garzón. No voy a hablar sobre la sentencia, puesto que ya la comenté en su día. Voy a hablar del hecho que llamó poderosamente mi atención. Tras la condena al juez Garzón una encuesta que publicaba el País reflejaba que una considerable mayoría de personas estaban dispuestas a ver reducidas esas garantías de las que hablaba. En particular que un juez pueda mandar grabar las conversaciones entre el abogado y su cliente. Y aquí entramos en otro de los principios que acompañan a la idea de justicia, el derecho a la defensa y a un juicio justo.
Pero como no quiero alargarme, dejaré este tema junto con el de la independencia, la seguridad jurídica, la legalidad, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos para otras reflexiones sobre la justicia.

Garzón culpable y la justicia “social”.

A diferencia de muchos de los que hablan de ella he dedicado un buen rato a leer la sentencia del Tribunal Supremo que encuentra a Garzón culpable. Mi conclusión es que es una sentencia brillante. No obstante, son cerca de setenta folios, y si bien el lenguaje que emplea es fácilmente comprensible, puede que a muchos les resulte muy pesado, y en más de una ocasión se pierdan.
No pretendo dar lecciones de nada ni a nadie, pero creo que merece la pena que intente arrojar algo de luz sobre una cuestión tan controvertida, y como siempre que escribo en este blog, bajo mi punto de vista.

En primer lugar hay que dejar clara una cosa, a Baltasar Garzón no se le juzgaba por su trayectoria como juez. Parece que muchos se empeñan en hacer de este proceso una causa general contra el ex-magistrado, cuando lo cierto es que sólo se le juzgaba por una cosa: si cometió el delito de prevaricación, nada más. Tiene otras causas abiertas, pero esas se juzgarán por otros tribunales.

Ahora analicemos el hecho que le sentó en el banquillo de los acusados: Garzón ordenó ordenar grabar las conversaciones que los acusados mantenían con sus abogados, algo que vulnera diversos derechos, pero principalmente vulnera un derecho fundamental que consagra el art. 24 de la Constitución, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, para que nos entendamos, el derecho que todos tenemos a un juicio justo.
Podríamos entrar en disquisiciones sobre lo que es un juicio justo, el derecho a la defensa, el secreto profesional, el derecho a la intimidad y otros aspectos que se detallan en la sentencia, y que todos fueron vulnerados por el juez Garzón. Sin embargo, el que desee entrar en ellas tiene a su disposición la sentencia, en ella se explica detalladamente todas y cada una de estas cuestiones. Podemos resumir la sentencia concluyendo que Garzón tomó una decisión injusta a sabiendas de que lo era y por tanto cometió el delito que se recoge en el 446.3º del Código Penal. Además Garzón cometió otro delito, el previsto en el art. 536 del Código Penal. Todo ello queda más que probado en la sentencia y por tanto Garzón ha sido condenado a once años de inhabilitación (cabe recordar que se contempla una pena de hasta veinte años de inhabilitación para el delito de prevaricación).

Como cabía de esperar, no para todos la sentencia es justa. Y es aquí donde radica el verdadero debate, ¿por qué no es justa la sentencia?: ¿Por qué Garzón ha sido un juez estrella? ¿Por qué ha tenido más arrestos que ningún otro y ha perseguido a los criminales sin descanso? ¿Por qué juzgó a Pinochet, así como a narcotraficantes y terroristas? ¿Es injusta la sentencia porqué Garzón fue el juez que destapó el GAL? o ¿Por qué se le ha condenado por tratar de evitar un delito? Puede que este último argumento sea el que más se lea en los medios de comunicación. Sin embargo, y cito la sentencia, “La justicia a cualquier precio deja de ser justicia”.

Podemos elegir infinidad de razones para decir que la sentencia es injusta. Pero ¿Qué es justicia? Debemos distinguir entre justicia como concepto subjetivo, y aquí cada uno tiene el suyo; y justicia como valor y fin en sí mismo, y aquí entramos en cuestiones de filosofía del derecho, donde se contraponen las corrientes iusnaturalistas y positivistas. Lo cierto es que resulta verdaderamente difícil dar un concepto científico de justicia, en este caso me voy a remitir a la definición de Norberto Bobbio que entiende que es “aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho”.

La sentencia que condena a Baltasar Garzón ha sido adoptada por unanimidad por SIETE jueces, ¿pensáis que siete personas pueden coincidir, sin discrepancia alguna, en el concepto de justicia? Yo difícilmente lo creo posible. No obstante, esas siete personas han estado de acuerdo en que el Juez Garzón vulneró la ley y que los hechos están suficientemente probados. Y no son siete personas cualquiera, son siete magistrados del Tribunal Supremo, y a quién esto no le diga nada, puede ir consultando los requisitos necesarios para ser designado magistrado del Tribunal Supremo.
En un Estado de Derecho cuando alguien vulnera la ley y queda suficientemente probado es condenado, y eso es justo con arreglo a derecho, porque lo dice la ley. Si son siete magistrados los que te juzgan, y la decisión la toman por unanimidad, cabe decir que la sentencia no puede ser más justa, porque son siete, nada más y nada menos, los que están totalmente de acuerdo en que has vulnerado la ley y eres culpable. Por tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no podemos decir que la sentencia sea injusta.

¿Cabe que la sentencia sea justa, pero que se esté cometiendo una injusticia con Garzón? Pues depende. Desde un punto de vista jurídico, como he dejado claro, rotundamente no. Pero algunos hablan de lo que podríamos llamar la justicia “social”, es decir, aquello con un grupo considerable de la sociedad considera justo, y puede que desde este punto de vista la conclusión a la que se llegue sea otra.
La justicia, como vemos en la imagen, se representa como una mujer que con una mano sostiene una balanza, con la otra una espada, y que tiene los ojos vendados. La justicia “legal”, la que se aplica por los tribunales de justicia, sería es la que tiene los ojos vendados; mientras que la justicia que hemos denomidado “social”, los tendría destapados. Esta es una de las razones de por qué a algunos le puede parecer injusto algo que con arreglo a la ley es justo. Otras veces, lo que ocurre, es que las normas sociales se adelantan a las normas legales, y éstas tienen que adaptarse a aquéllas, de modo que podríamos decir que en ocasiones, lo que hemos llamado justicia “social” se adelanta a la justicia “legal”. Sinceramente no creo que el caso que nos ocupa sea este último.

En el caso de Baltasar Garzón la justicia que reclaman algunos viene inducida, principalmente, por unos medios de comunicación que más que de informar tratan de manipular la opinión pública, tratan de predisponer a aquellos que no conocen las normas y el porqué de esas normas. O distorsionan con argumentos torticeros del estilo: “el juez que perseguía a los corruptos ha sido condenado mientras que ellos se han librado”. De no ser por muchos de estos argumentos, absolutamente deformados y tergiversados, que tratan de confundir y no de informar, la polémica en torno al juez Garzón habría nimia. También habría sido menor la repercusión si el susodicho no tuviera otras dos causas abiertas, una de ellas relativa a la polémica memoria histórica. Pero estas son cuestiones en las que de momento no tengo pensado entrar.

Son, por tanto, varios los factores que han motivado toda esta algarabía en torno a Garzón:

La merecida reputación de Baltasar Garzón de juez estrella, perseguidor de criminales y adalid de la justicia, en su etapa más espléndida como juez y que por desgracia va a resultar empañada por esta merecida, a mi juicio, condena.
Un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico por parte de la sociedad española.
– La utilización torticera de los medios de comunicación de esa ignorancia con el objeto de politizar una cuestión meramente jurídica.
– Que el proceso en que el juez Garzón prevaricó persiguiera presuntos delitos de dirigentes del Partido Popular.
La existencia de dos causas más contra Baltasar Garzón y principalmente que una de ellas tenga que ver con el franquismo.

Estos factores son los que en gran medida han distorsionado la realidad de los hechos que han llevado a que Baltasar Garzón haya sido expulsado de la carrera judicial. Distorsión que, una vez más, es utilizada (en esta ocasión por la izquierda, otras veces lo hace la derecha) para decir que tenemos una justicia politizada, para decir que la justicia no funciona y demás barbaridades que están en boca de todos. Barbaridades que esta vez son infundadas, pero que, por desgracia, en otras ocasiones hemos visto que no lo son tanto.

Alguien dijo una vez: “Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón.” Pero tenemos que saber que lo justo y lo que nosotros queremos no siempre es lo mismo. Por eso nos dotamos de leyes, y por eso existen jueces formados y preparados, que las aplican. De lo contrario, la justicia se aplicaría al arbitrio de la mayoría y no de la ley, dejándo de ser justicia, con consecuencias terribles para todos, y si no que se lo pregunten a María Antonieta que aún anda buscando su cabeza.

Vuelta a los años 80

Leo en el diario el País que las nuevas medidas en materia de justicia nos devuelven a los años 80. Se dice, aunque no directamente, con cierto tono despectivo, como si volver al pasado fuera un error. Lo cierto es que en muchas ocasiones podría parecer que volver a una medida anterior significa retroceder en lugar de avanzar. No obstante no siempre es así. No es así cuando las nuevas medidas que sustituyeron a las anteriores se han revelado claramente perniciosas o perjudiciales. Perjuicios que en este caso se refieren a la justicia y por tanto afectan directamente al ciudadano y a uno de los pilares esenciales de un Estado de Derecho.
No me gusta el tono ligero con el que se habla de la vuelta a los años 80, además se habla de esa vuelta con una frivolidad pasmosa, y además no es cierta.

En primer lugar voy a referirme al tema de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo (la mal llamada ley del aborto). No se vuelve a 1980, se vuelve a 2009, que es cuando se modificaron los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo una serie de plazos en los que quedaba despenalizado este atentado directo contra la vida humana dependiente. Hay que hablar con propiedad cuando se tocan temas tan delicados y serios como son las vidas humanas. Se vuelve a la ley de 1980 y a la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida en el año 1985, en una materia tan capital como es el derecho a la vida.
Puede resultar, para aquellos que conciben el aborto como un derecho, que la reforma de la ley orgánica 2/2010 es un retroceso en relación a la legislación de 1980. No obstante como nunca he considerado que el aborto sea un derecho, sino un delito, para mí en este punto no hay retroceso alguno, sino un cumplimiento estricto tanto de la Constitución Española que consagra el derecho a la vida, como de la doctrina del Tribunal Constitucional. He reflexionado acerca del derecho a la vida en un post anterior, aquí os dejo el enlace.

En segundo lugar, la segunda medida que nos devuelve a los años 80, según el artículo del País, es la de devolver a los jueces el control del órgano de gobierno de los jueces, esto es el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se modificó esta medida, yo no tenía uso de razón, y por tanto no voy a valorar los motivos que llevaron a ello, ni me voy a molestar en estudiarlos. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón, ha quedado patente que el sistema actual de elección de los miembros del CGPJ sólo ha servido para una cosa, para poner a los jueces el cartel de conservadores o progresistas con una facilidad asombrosa. Algo que para los que queremos y defendemos una justicia independiente es absolutamente intolerable. Por lo tanto, me parece acertada esa medida, aunque sea de los años 80.
Ahora bien, si bien es verdad que fue Guerra aquél que dijo que Montesquieu había muerto, lo cierto es que el gobierno del señor Aznar lo remató, él pudo volver al sistema anterior, y no lo hizo, y no lo hizo porque a él también le interesaba poder controlar a los jueces. Por tanto, es digno de alabanza que se pretendan cambiar las cosas.
Por otro lado, si se renueva el CGPJ, lo lógico es que su renovación se haga de buena fe, y no con el objeto de que los que vayan a ser designados den al CGPJ una mayoría conservadora frente a una mayoría progresista. Lo deseable es que los nuevos miembros del CGPJ fueran realmente independientes y que los periodistas tuvieran que pasarlas canutas para hacer eso que les gusta tanto de encasillar a las personas.

Volver al pasado, reitero, no significa retroceder, volver al pasado en muchas ocasiones implica deshacer el camino mal hecho, en estas dos cuestiones, de una importancia más que considerable, no creo que volver al pasado deba ser interpretado como una señal de retroceso, sino como una señal de que las cosas que se cambiaron no se deberían haber cambiado, puesto que no mejoraron la situación, más bien al contrario, la empeoraron. Eso sí, que nadie me mal interprete, para nada estoy diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, que más de uno me lo echará en cara, y ya me se la canción. Como decía San Agustín: “No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven malos.” Así que más virtuosismo y menos vicios, éstos últimos ya sabemos todos cuáles son, tanto en materia de embarazos no deseados, como en materia de politización de la justicia.