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¿Son los escraches constitutivos de delito?

¿Recuerdan ese juego infantil que consiste en poner las manos alrededor de la cabeza de un compañero de clase, sin tocarle, y a medida que él se mueve, hay que mover las manos para que éstas continúen alrededor de su cabeza mientras se dice insistentemente y con ánimo exculpatorio: “No te toco, no te toco”? El escrache es algo similar.

Pongámonos en antecedentes. La primera vez que alguien aludió públicamente a los escraches, si bien es verdad que no utilizó este término, fue Ada Colau. Concretamente el mismo día que la propia portavoz de la PAH cobró relevancia pública por llamar criminal al representante de la banca en el Congreso de los Diputados. En un momento de la comparecencia (a partir del min. 1:30 y 2:40)  anuncia que los diputados que voten en contra de la iniciativa legislativa popular serán “públicamente señalados allí donde vayan” (escrache), como medida de presión social.

Como exponía hace algunas semanas, en este mismo blog, estas medidas de presión social sobre los diputados, representantes de la soberanía nacional, son un auténtico pulso al Estado de Derecho.

Pero, ¿son los escraches constitutivos de delito? Nuestro Código Penal, en su artículo 498 dispone: “Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años.” El fin jurídico protegido por esta norma es que los miembros de las instituciones del Estado desempeñen sus funciones libremente. Tratar de incidir en la opinión o en el sentido del voto del diputado es un hecho muy grave; sin embargo, no es la conducta tipificada en este precepto. En el mismo, se habla de coartar la libre manifestación de las opiniones, o la emisión del voto de los diputados, no de condicionarlos. Hasta ahora no puede demostrarse, y por tanto tampoco enjuiciarse en un tribunal, que la finalidad expresa de los escraches sea que los diputados del PP no emitan su voto o manifiesten libremente sus opiniones. Aunque, es verdad que, una interpretación extensiva del término “coartar” nos conduciría a un resultado distinto, pero quizás sería demasiado forzado para que lo admitiera un tribunal, a la vista de las recientes resoluciones dictadas sobre los delitos contra las altas instituciones del Estado.

Ahora bien, del contexto actual cabe extraer una serie de conclusiones:escrache-pons-pah

 – El objeto del escrache es revelar a la opinión pública que diputados no votan a favor de una determinada ley en el parlamento. (La ILP propuesta por la PAH) – Los escraches no emplean violencia material, pero en el ámbito penal basta con la intimidación para que exista delito. Esto es, que es la actividad vaya dirigida a producir temor por el anuncio de un mal. – ¿Es el escrache intimidatorio? A mi juicio, en sí mismo, no lo es. Y si lo es, resulta muy complicado probarlo. Pero no podemos aislar el escrache y contemplarlo como un acto aislado. Y no podemos hacerlo por las palabras que Ada Colau empleó en el Congreso de los Diputados. Ella misma estableció la correlación directa entre la postura de los congresistas con relación a la ILP y los escraches. Condicionó el voto en contra con un escrache.  – De modo que este razonamiento jurídico nos lleva a concluir que la PAH, a través de su portavoz Ada Colau, pretendía, o pretende, incidir en el voto de los diputados.

Esto sentado, si bien es verdad que, como hemos dicho antes, en nuestro Código Penal no se contempla un tipo específico de delito para el caso de que se trate de incidir, mediante amenazas, o coacciones, en el voto que emiten los diputados. También es verdad que ese tipo no es necesario porque existe un tipo genérico que tiene por objeto proteger el bien jurídico de la libertad individual. Esto es el delito de amenazas, o en su caso la falta. (Art. 171CP).

Por lo tanto, si bien cabría enjuiciar a la PAH por amenazar, a través de su portavoz, a los diputados con sufrir escraches (“señalamientos públicos”) en sus domicilios y en la vía pública si no adoptaban una determinada postura con relación a la ILP presentada por la propia plataforma, un acto aislado de escrache no es constitutivo de  delito o falta, porque en sí mismo no entraña violencia. Estamos ante una laguna legal que parece que va a ser cubierta en la próxima reforma legislativa. Son los denominados los actos de hostigamiento o “stalking” (denominación anglosajona), que consisten en una serie de conductas que van dirigidas a lesionar gravemente la libertad o seguridad de la víctima, pero que en sí mismas no entrañan violencia, y por lo tanto no son constitutivas de delito, como pudiera ser el de coacciones.

Es preocupante que a través de una laguna legal de este calibre pueda condicionarse el voto de los diputados en el Parlamento. Existen delitos que castigan la intención de condicionar la actividad de las Cámaras Legislativas, pero éstos sólo atienden al momento en que están reunidas, olvidando que medidas de presión social orientadas a la intimidación de las personas individuales, que son los diputados, pueden conseguirse los mismos resultados. El fin jurídico de que los diputados ejerzan sus funciones libremente queda, por tanto, deficientemente protegido.

Publicado en www.queaprendemoshoy.com

La chispa adecuada

Desde hace más de dos años oigo en diversos lugares una frase: “Un chispazo y esto va por el aire”. Ignoro si por influencia de los medios de comunicación, por la percepción de que la gente está al límite, o por una visión personal más lúgubre de los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años. El caso es que esa frase se repite.
La verdad es que no me había parado a pensar en ello, pero hoy he visto este vídeo:

No hay mucho que añadir. Pero puede que alguno de vosotros se pregunte ¿Por qué me ha dado que pensar este video sobre la frase que comentaba al principio de mi post? Veréis, esto que Ada Colau y sus adláteres denominan “Escrache” es una auténtica provocación, además de ser constitutivo de diversos ilícitos penales. Es una provocación al Estado de Derecho porque pretende equiparar la cuestionable conducta de nuestros dirigentes políticos al acoso verbal, al físico y a las amenazas de muerte.
Los que leéis habitualmente mis post sabéis que soy crítico con los partidos que amordazan la democracia de nuestro país. Pero igual de crítico, o más, soy con la violencia del número escudada en los abusos de la clase política.
Me pregunto qué hubiera pasado si el diputado del PP al que increpan, insultan y amenazan en el vídeo hubiera bajado a la calle. O que hubiera pasado si los hijos de González Pons hubieran tenido que salir de su casa, por la razón que sea, cuando los miembros de la PAH estaban redecorando el patio de su casa con fotografías del diputado popular en las que se podía leer “ASESINO”. No lleva a ninguna parte aventurar hipótesis al respecto, sin embargo a mí me preocupan seriamente todas las que se me pasan por la cabeza.

En un país con una tasa de paro del 26%, donde los únicos que pueden aportar soluciones, la clase política, son considerados como el tercer problema más grave por los ciudadanos, además de estar salpicados por numerosos casos de corrupción, y en dónde los medios de comunicación se encargan de agitar y enconar a los teóricos bandos de un hipotético enfrentamiento, una chispa adecuada puede ser el detonante de episodios que sólo están vivos en la memoria de unos pocos.
Puede que esté pecando de catastrofismo. No lo sé. El caso es que me preocupa lo que veo y lo que leo. Me intranquiliza aún más el hecho de que se trate de apagar un fuego encendiendo otro. Me estoy refiriendo a las declaraciones de la señora Cifuentes vinculando a la PAH con el entorno de la banda terrorista ETA. Puede que esos vínculos existan, pero la noticia no es de ahora, es de hace algunos meses y traerla a colación ahora revela una intención cuestionable por parte de la delegada del gobierno de Madrid. Una actuación como la que se puede visionar en el vídeo se desprestigia por sí sola. No hace falta aludir a supuestas conexiones que lo único que van a conseguir es más agitación y confusión entre la ciudadanía. Si a ello añadimos el inestable entorno internacional y las sacudidas que los acontecimientos de la eurozona suponen para nuestro maltrecho país a uno se le arruga más aún el entrecejo.

Así pues, un estallido parece inminente, no se sabe cuándo ni dónde tendrá lugar, ni los griegos ni los chipriotas (de momento), a mi juicio los que más han sufrido la incompetencia de sus dirigentes y las consecuencias que ello ha supuesto, han protagonizado un estallido alguno.
En España puede que no hayamos sufrido tanto, pero episodios como los famosos “escraches”, el rodear el Congreso de los Diputados con la intención, en un primer momento, de ocuparlo, la falta de liderazgo de un gobierno socavado por una oposición nada contundente, por no decir favorable, respecto a los episodios vividos, junto con las circunstancias anteriormente citadas (paro, políticos, corrupción…) ponen de manifiesto que hay material de sobra para que una chispa adecuada haga volar por los aires los débiles pilares que soportan el Estado de Derecho en nuestro país. Y sin un Estado de Derecho que de soporte a la sociedad ya saben: Sálvese quien pueda.