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Vuelta a los años 80

Leo en el diario el País que las nuevas medidas en materia de justicia nos devuelven a los años 80. Se dice, aunque no directamente, con cierto tono despectivo, como si volver al pasado fuera un error. Lo cierto es que en muchas ocasiones podría parecer que volver a una medida anterior significa retroceder en lugar de avanzar. No obstante no siempre es así. No es así cuando las nuevas medidas que sustituyeron a las anteriores se han revelado claramente perniciosas o perjudiciales. Perjuicios que en este caso se refieren a la justicia y por tanto afectan directamente al ciudadano y a uno de los pilares esenciales de un Estado de Derecho.
No me gusta el tono ligero con el que se habla de la vuelta a los años 80, además se habla de esa vuelta con una frivolidad pasmosa, y además no es cierta.

En primer lugar voy a referirme al tema de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo (la mal llamada ley del aborto). No se vuelve a 1980, se vuelve a 2009, que es cuando se modificaron los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo una serie de plazos en los que quedaba despenalizado este atentado directo contra la vida humana dependiente. Hay que hablar con propiedad cuando se tocan temas tan delicados y serios como son las vidas humanas. Se vuelve a la ley de 1980 y a la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida en el año 1985, en una materia tan capital como es el derecho a la vida.
Puede resultar, para aquellos que conciben el aborto como un derecho, que la reforma de la ley orgánica 2/2010 es un retroceso en relación a la legislación de 1980. No obstante como nunca he considerado que el aborto sea un derecho, sino un delito, para mí en este punto no hay retroceso alguno, sino un cumplimiento estricto tanto de la Constitución Española que consagra el derecho a la vida, como de la doctrina del Tribunal Constitucional. He reflexionado acerca del derecho a la vida en un post anterior, aquí os dejo el enlace.

En segundo lugar, la segunda medida que nos devuelve a los años 80, según el artículo del País, es la de devolver a los jueces el control del órgano de gobierno de los jueces, esto es el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se modificó esta medida, yo no tenía uso de razón, y por tanto no voy a valorar los motivos que llevaron a ello, ni me voy a molestar en estudiarlos. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón, ha quedado patente que el sistema actual de elección de los miembros del CGPJ sólo ha servido para una cosa, para poner a los jueces el cartel de conservadores o progresistas con una facilidad asombrosa. Algo que para los que queremos y defendemos una justicia independiente es absolutamente intolerable. Por lo tanto, me parece acertada esa medida, aunque sea de los años 80.
Ahora bien, si bien es verdad que fue Guerra aquél que dijo que Montesquieu había muerto, lo cierto es que el gobierno del señor Aznar lo remató, él pudo volver al sistema anterior, y no lo hizo, y no lo hizo porque a él también le interesaba poder controlar a los jueces. Por tanto, es digno de alabanza que se pretendan cambiar las cosas.
Por otro lado, si se renueva el CGPJ, lo lógico es que su renovación se haga de buena fe, y no con el objeto de que los que vayan a ser designados den al CGPJ una mayoría conservadora frente a una mayoría progresista. Lo deseable es que los nuevos miembros del CGPJ fueran realmente independientes y que los periodistas tuvieran que pasarlas canutas para hacer eso que les gusta tanto de encasillar a las personas.

Volver al pasado, reitero, no significa retroceder, volver al pasado en muchas ocasiones implica deshacer el camino mal hecho, en estas dos cuestiones, de una importancia más que considerable, no creo que volver al pasado deba ser interpretado como una señal de retroceso, sino como una señal de que las cosas que se cambiaron no se deberían haber cambiado, puesto que no mejoraron la situación, más bien al contrario, la empeoraron. Eso sí, que nadie me mal interprete, para nada estoy diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, que más de uno me lo echará en cara, y ya me se la canción. Como decía San Agustín: “No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven malos.” Así que más virtuosismo y menos vicios, éstos últimos ya sabemos todos cuáles son, tanto en materia de embarazos no deseados, como en materia de politización de la justicia.

El derecho a la vida

El artículo de hoy viene inspirado por que hoy es TT #acampadavida, junto con otro como #pelisabortistas, además de que se cumple un año desde la promulgación de la ley del aborto.
El aborto es una de las cuestiones más polémicas pero al mismo tiempo, en mi humilde opinión, de las más absurdas, al menos en nuestro país, de acuerdo con el art. 15 de la Constitución Española.
Dada mi condición de jurista voy a tratar de analizar esta cuestión desde un punto de vista estrictamente legal.
En la facultad de Derecho (de la Universidad de Valencia), cuando estudiábamos derecho Constitucional, debatíamos en clase la cuestión del aborto y del derecho a la vida, los supuestos en que nuestro código penal permitía abortar, y las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto.
La conclusión siempre era la misma: El aborto, esto es la interrupción voluntaria del embarazo, es un atentado frontal contra el derecho a la vida (no sé cuál será la conclusión a la que llegarán ahora mismo). Si tú abortas, detienes, interrumpes la gestación impides que la vida se desarrolle, impides que la vida siga su curso y nazca un niño.

En la actualidad el debate se centra en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo; en que ella tiene la libertad sobre su cuerpo, y por lo tanto, puede decidir lo que ella estime oportuno al respecto.
En este caso hay que distinguir dos supuestos: El derecho que tiene la mujer sobre su propio cuerpo antes de quedar embarazada. En este caso este derecho es indiscutible. Una mujer puede decidir ligarse las trompas de Falopio, tomar píldoras anticonceptivas (no son las mismas que las de interrupción del embarazo), puede mantener relaciones sexuales sin preservativo o con él, puede autolesionarse, puede incluso suicidarse. En ninguno de estos casos sus actos coartan, o limitan derecho alguno, más que el suyo propio.
Pero en el segundo supuesto, en el caso de que una mujer esté embarazada, ya no sólo está en juego el interés de la mujer. Hay otro elemento en la ecuación, es el feto. (Y no voy a entrar a debatir en sí el feto tiene vida o no tiene vida, no soy científico, y ni ellos se ponen de acuerdo al respecto). Y este otro elemento, es totalmente dependiente de los actos que su madre realice. Por eso algunos le denominan vida humana dependiente. Es el concebido pero no nacido, concebido pero no nacido, que llegará a nacer si el parto sigue su curso natural.
En este momento, el derecho a la libertad de la mujer queda subordinado al derecho a la vida. Y ¿por qué se llega a la conclusión, con la constitución en la mano, de que la mujer no es libre para actuar sobre su propio cuerpo en este caso? Porque el art. 15 de la CE antepone el derecho a la vida sobre cualquier otro derecho, también sobre el derecho a la libertad. Esto por otro lado es algo lógico, puesto que sin vida no se puede ostentar derecho alguno. Sin vida no hay libertad posible.
Es por ello por lo que no podemos considerar que el aborto sea un derecho de la mujer. Al contrario, el aborto, es un delito (más de uno se escandalizará al leer esto) tal y como se configuraba en la legislación anterior, y es un delito porque atenta contra un derecho fundamental, el derecho a la vida. Pero más aún, el aborto impide que esa vida futura disfrute del derecho en el cual se amparan los abortistas para anteponer el aborto a la vida futura, el aborto conculca la futura libertad del feto, y cualesquiera otros derechos que el feto pudiera llegar a tener.
La conclusión, por tanto, es que una mujer embarazada no debería de gozar de libertad para interrumpir el curso de una vida futura. Esto, sin embargo, sí que lo permite la legislación actual, algo claramente inconstitucional, bajo mi punto de vista.

Por otro lado, parece que el número de abortos desciende, http://www.elpais.com/articulo/sociedad/abortos/tempranos/elpepusoc/20110704elpepisoc_4/Tes pero creo que este dato no debe confundirnos. La ley del aborto tiene cosas buenas, tanto en cuanto, permite mayor asesoramiento y ayuda a la futura madre. Quizá como consecuencia de la despenalización del aborto, se ha producido un efecto paradójico, en lugar de aumentar los abortos, han disminuido; pero no sólo porque se haya despenalizado, sino porque las futuras madres tienen acceso a mayor información y asesoramiento que antes. Es esto y una buena educación en materia de derechos y obligaciones, así como en materia de educación sexual (los embarazos no deseados pueden evitarse con múltiples medios), lo que debe promoverse con el objeto de que el aborto se considere por la sociedad como algo que en ningún caso, o en casos muy excepcionales, puede tener lugar, porque tal y como he dicho, el aborto atenta directamente contra el derecho a la vida.