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Un buen ejemplo de lo que entienden por democracia.

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El próximo mes de febrero, Partido Popular y Partido Socialista celebrarán sendos Congresos Nacionales. Mi aversión por el sistema de elección a candidato a presidente del Gobierno de los dos principales partidos nacionales quedó patente en un post anterior al que llamé: El cáncer de la democracia española. En él criticaba la ausencia de un sistema abierto y verdaderamente democrático para la elección de los candidatos, un sistema que poco tiene que ver con el que estamos viendo estos días en Estados Unidos para la elección del candidato republicano a la Casa Blanca.

El viernes el Partido Popular anunciaba que tras el XVII Congreso Nacional “los cargos públicos que sean imputados podrán ser sancionados de tres maneras diferentes, incluyendo su salida del partido” (me pregunto si esto afectará a los que recientemente han sido imputados, veáse: Carlos Fabra). Pero independientemente de esta medida, y pese a las manifestaciones que han tenido lugar el pasado año reivindicando una serie de cosas, entre ella más democracia, de momento no se sabe nada de una posible reforma de los estatutos del partido orientada hacia un sistema de elección de candidatos más abierto. Creo que me quedaré esperando a que llegue. En definitiva, el Congreso del Partido Popular, que se celebrara en Sevilla, pinta más bien como un acto de campaña electoral y poco más.

Por lo que se refiere al PSOE, las cosas están un poco más interesantes. Tras la debacle electoral del 20-N los socialistas buscan a un nuevo Secretario General. El sistema de elección a Secretario General es bastante parecido al de Presidente de Gobierno, vía delegados. Concretamente 956 delegados, elegidos en las distintas provincias. Si vamos a los estatutos del PSOE vemos en su art. 5: “Los delegados/as de los congresos… serán elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas.” Y añade: “En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20 por 100 de los votos validos a candidaturas, tendrá una representación proporcional a éstos. En todo caso, la lista que obtenga la mayoría tendrá derecho a la mitad más uno de los delegados/as a elegir. En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la más votada tendrá derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a elegir, repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás candidaturas que hayan superado el 20%.”

Es la división interna que existe en el PSOE lo que da al sistema recogido en sus estatutos una apariencia más democrática de la que en realidad tiene. Sin embargo, la realidad es que sin esa división interna, lo normal hubiera sido que el dirigente socialista de turno hubiera impuesto su lista. Concretamente se han dado casos en que para que no saliera perdiendo ninguna de las listas, éstas se han pactado, es el caso de Sevilla. Así que podemos hablar de “democracia” más que de democracia a la hora de elegir a la los delegados. La elección del Secretario General ya es harina de otro costal, sólo hay que recordar a José Luis Balbás y su relato de cómo para evitar que saliera elegido Bono se consiguió la elección de José Luis Rodríguez Zapatero; esto es algo que se puede lograr cuando la elección de una persona depende, realmente, de menos de mil, pero no cuando depende de todos los afiliados, o militantes.. Y si nos vamos al Congreso Nacional del PP, donde fue reelegio Mariano Rajoy (recordemos que fue nombrado sucesor por Aznar), encontraremos más de lo mismo.

De modo que la vida sigue igual. Si bien es verdad que en el PSOE se oyeron cosas como primarias abiertas y debates entre los candidatos, la propia maquinaria del partido se ha ocupado de parar todas esas iniciativas.

Sin duda, los más perjudicados de todos, ante la falta de democracia interna de nuestros partidos políticos, somos los ciudadanos. Sin embargo, cada cual a lo suyo, vivimos en un país donde ir a votar es algo que se hace de forma automática en función de quien gestiona mejor o peor la economía, y donde los valores, y principios como el de justicia e igualdad son relegados a un segundo plano con tal de que pueda irme de vacaciones y tenga dinero para poder darme caprichos de vez en cuando. Después nos quejamos y renegamos de nuestra clase política, ¿con razón?

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El cáncer de la democracia española

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Esta semana está teniendo lugar el proceso de elecciones primarias del Partido Socialista Francés. Se han presentado tres candidatos distintos, han tenido lugar debates televisados entre los mismos, y por primera vez en Francia el Partido Socialista francés ha celebrado unas elecciones primarias “ciudadanas” en las que se ha permitido votar a todos los simpatizantes de izquierda que abonasen un euro, para sufragar parte de los gastos de la elección. Mañana domingo sabremos el resultado definitivo de estas primarias verdaderamente participativas.
Desde el otro lado del charco también nos llega alguna noticia sobre el futuro candidato republicano a la Casa Blanca, allí también los partidos tienen un proceso de elecciones primarias real y auténtico. Es verdad que existen diversos tipos de primarias, según el Estado de que se trate, voy a resumir las tres básicas para no ser muy denso:

1) Las abiertas, donde los electores de todo un Estado pueden participar en las elecciones primarias independientemente del partido al que pertenezcan. A su vez se distingue entre aquellas que requieren declaración pública de filiación partidista y las que no.
2) Las semiabiertas, donde los electores sólo pueden votar en las primarias del partido en el cual están registrados (este sería el sistema francés al que aludíamos antes).
3) Y las cerradas, donde sólo pueden votar los miembros del partido que estén facultados para votar.

Como muchos habréis deducido el sistema menos democrático es este último. Y sí, es el que se da en los partidos mayoritarios en nuestro país, al menos formalmente. Del examen de los estatutos del PP, del PSOE y de UPyD (este último puede presumir de su sistema a la hora de elegir candidatos), extraigo una conclusión: Los partidos políticos son el cáncer de nuestra democracia.
Tal y como exponía en un post que no escribí hace mucho tiempo (aquí os dejo el link), de acuerdo con la legalidad vigente los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático. Y sobre el papel lo tienen, sin embargo el poder que realmente tienen los afiliados es reducido, muy reducido, salvo en UPyD.
El sistema de elección de candidatos a la presidencia del gobierno de los dos grandes partidos, PP y PSOE, es realmente complicado. Son designados en «Congresos», en el caso del PP y en el Comité Federal en el caso del PSOE. Ambos se integran de miembros natos, por un lado, y miembros que son elegidos por distintos órganos de los respectivos partidos, en el caso del PSOE el Comité Federal se elige con los votos de los delegados del Congreso Federal; en el caso del PP los compromisarios del congreso la elección de compromisarios “se efectuará mediante lista abierta tomando como circunscripción la de distrito, local, comarcal, insular o provincial según determine en cada caso la Junta Directiva convocante”.
Por el contrario el sistema de UPyD es mucho más sencillo, los afiliados eligen al candidato, tanto a la presidencia del gobierno, como a la de la CCAA, como a la de la alcadía. No se dan por tanto las derivaciones absurdas que he tenido ocasión de analizar y que sin duda alguna, restan mucha importancia a la decisión individual del afiliado.

Esto es lo que hay sobre el papel. ¿Pero qué ocurre en realidad? La realidad la tenemos en las pseudo-primarias del partido socialista, a las que concurrió un único candidato. La designación de sucesor por parte del último presidente del Gobierno del PP. Y a la excandidata a ser Secretaria General del PSOE, que tras ser derrotada decidió fundar su propio partido, en el que de momento nadie le hace sombra.

Desde el momento que uno de los ingredientes fundamentales de nuestra democracia, es decir, los partidos políticos, están contaminados, esa contaminación se extiende a todo el sistema, lo corrompe y terminará por destruirlo.
Un partido político no puede estar al dictado de 8, 9, 10 o 20 personas, y menos cuando se trata de un partido mayoritario en que depositan su confianza millones de personas. Y la razón por la cual eso no puede ser es, básicamente, que ese partido mayoritario antes o después estará en el gobierno, y salvo el caso de que sus dirigentes tenga como máxima absoluta y por encima de cualquier otra servir a todos y cada uno de los ciudadanos sin discriminación alguna, ese gobierno será perjudicial para algunos o para muchos; esto último ya dependerá de la aptitud, los intereses, y la capacidad del gobernante de turno. Y además se produce un efecto nefasto, democráticamente hablando, todas las decisiones trascendentales para nuestro país quedan en manos de 4, 5 o 6 personas.

Por el contrario, un partido en el que sus dirigentes/candidatos no tengan un poder absoluto, donde realmente participen sus afiliados y simpatizantes, el caso del Partido Socialista de Francia para mí es revelador, será un partido que realmente representará la voluntad de un gran número de personas. Y donde esas mismas personas podrán proponer y confirmar con su voto las propuestas del futuro candidato.
Nuestra realidad es bien distinta. No sólo se elige el candidato al presidente del gobierno por un número muy reducido de personas en comparación con los afiliados, simpatizantes o votantes de un partido. Sino que además nuestra legislación nos impone un sistema de listas cerradas (esto ya no es cosa de los estatutos de los partidos políticos, aunque fueron ellos mismos los que confeccionaron la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General, como siempre mirando por sus propios intereses), que se confecciona por el mismo partido; y aquí ya no me he molestado en buscar en cómo se confeccionan, porque digan lo que digan, para las próximas elecciones del 20-N de 2011 hemos visto como han sido confeccionadas por designación directa del candidato de turno. En particular la designación Ignacio Uriarte, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad vial (iba conduciendo bajo los efectos del alcohol), como número 7 en la lista de Valencia, cuando encima nació en Madrid, es algo que me hierve la sangre. ¡Es el colmo!

La solución, en mi opinión, dada la situación actual, no pasa por establecer un sistema de listas abiertas, máxime cuando hay que elegir a 350 diputados. Apuesto a que nadie que esté leyendo este post es capaz de citar de memoria 25, excluyendo a los portavoces y al presidente del gobierno y al jefe de la oposición.
El sistema de listas perdería su razón de ser desde el momento en que los propios ciudadanos, o los propios militantes y simpatizantes de los partidos políticos mediante un sistema de sufragio directo eligieran los candidatos a los distintos cargos públicos, veáse: Diputados, senadores, alcaldes… Sería un sistema de democracia indirecta, como el Estadounidense, donde son los congresistas los que eligen al presidente, si bien se sabe de antemano lo que cada congresista va a votar porque el candidato del partido al que pertenece el congresista electo por el Estado correspondiente ha sido previamente designado en las elecciones primarias.
Nuestro sistema es un sistema de democracia directa, donde elegimos nosotros al candidato y con el van detrás todos los diputados. Si bien son luego esos diputados los que le eligen en el Congreso para que sea Presidente del Gobierno. La diferencia es clara.
Formalmente el sistema estadounidense es más complejo, pero más democrático y más representativo. La vía intermedia la representaría la fórmula del partido socialista francés.

Diversos movimientos civiles han demandado, a lo largo de estos últimos meses, mayor participación ciudadana en la democracia. Yo creo que esto pasa por democratizar nuestros partidos mayoritarios, y probablemente reformar la Constitución en algún aspecto; la LOREG para que haya igualdad de oportunidades para el caso de los minoritarios; y que la gente se afilie o simpatice con uno u otro partido, y participe activamente en la vida de los mismos. Es a través de esa participación activa en los partidos políticos como los ciudadanos podemos participar activamente en la política.

Nuestro sistema es un sistema democrático, tenemos una democracia real, eso no se puede discutir, pero que sea más participativa. Alguno de los elementos que conforman ese sistema, como he expuesto, están viciados, socavan la democracia del sistema, y nos restan un poder que nunca nos debería haber sido arrebatado. Dan lugar a un sistema democráctico enfermo.
Ahora bien, también hay que ser conscientes de lo que se pide. Protestar por protestar sin otro argumento que el de: “No nos representan” es inútil y además falaz. Hay que protestar porque procede protestar pero al mismo tiempo hay que proponer.

Mi propuesta es la que resulta de este post: Democraticemos los instrumentos de la democracia, para que ésta sea más participativa y colme nuestras aspiraciones. Exijamos que se cumpla la Constitución española y la Ley Orgánica de Partidos Políticos, los instrumentos están a nuestra disposición, sólo tenemos que utilizarlos. Exijamos que se fomente la participación ciudadana en la vida política. Participación que podría pasar por la designación individual de los candidatos a diputados (según la circunscripción electoral), así como de los senadores, e igualmente candidatos a las autonómicas, a las alcadías… Para que después, esos candidatos que han sido elegidos por los distintos partidos, se sometieran a la elección de todo el país, o de toda la comunidad autónoma, o bien de todo el municipio. Se estaría sometiendo a nuestros gobernantes a como mínimo una doble elección real, la de su propio partido, y la de la ciudadanía general, si se añadiera un sistema de vueltas podríamos multipiclar ese número de elecciones por dos. Un total de cuatro. ¿Estaríamos dispuestos a votar 2 o 4 veces para la elección de nuestros gobernantes? Yo creo que sí.

Pd. No he hecho referencia expresa a los estatutos de Izquierda Unida, no he querido olvidarme de ellos en este post, y básicamente la conclusión es la misma, un sistema opaco y complicado para la elección de candidatos.

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Por una democracia más participativa

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El próximo 30 de septiembre se va a celebrar en Madrid el Primer Congreso de la Sociedad Civil. Aquí os adjunto su web para que podáis visitarla si estáis interesados. Personalmente os recomiendo que la visitéis y leáis alguna de sus ponencias, o todas, porque son muy interesantes.
También es interesante el hecho de que se trata de un Congreso abierto a todo el mundo, y donde se puede participar libremente. De hecho se pueden consultar las ponencias que se van a desarrollar en dicho Congreso y proponer enmiendas a las mismas.
Aprovechando esta posibilidad, y dada mi pasión por el mundo del derecho, y por una democracia más participativa, que es una de las reivindicaciones de este Congreso, he tenido el atrevimiento de redactar una propuesta de enmienda a la ponencia: REFORMA DE LA LEY ELECTORAL. Y digo atrevimiento porque el ponente es Don Enrique Álvarez Conde, Catedrático de Derecho Constitucional, cuyos manuales tuve que estudiar durante la carrera de Derecho.
Ahora que ya sabéis de que va esto, ahí va mi propuesta de enmienda.

En la ponencia se recoge como primera cuestión que debería reformarse: “Potenciar las fórmulas de participación directa de los ciudadanos, con la finalidad de aumentar la «calidad democrática» de nuestro sistema político.” Pero no se habla de ninguna fórmula concreta.
Una de las formas de potenciar la participación de los ciudadanos en la política podría ser precisamente la que ofrece la legislación actual.

El art. 6 de la CE dispone: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
En el mismo sentido el art. 6 de la Ley Orgánica de Partidos 6/2007 dispone: “Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”.
El Artículo 7. Relativo a su Organización y funcionamiento establece:
1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos.
2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.
3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.
4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes o representados.
5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.

Es escandalosa la forma en que los dos grandes partidos políticos de este país (desconozco el funcionamiento de otros, pero podría investigarse) se saltan este artículo. Que los órganos directivos de un partido se proveen mediante sufragio libre es una utopía en la realidad política española.
Es cierto que los partidos se las arreglan para disimular y formalmente parecen democráticos, pero a veces ni eso: elección de un sucesor a dedo en el caso del PP (ratificado en un paripé posteriormente), el pseudo-dedazo en el caso del PSOE, el reciente dedazo en el PSC designando a Chacón (hechos que recuerdan a la pantomima de Postdam). En relación al apartado 5º, imagino que los estatutos del PP o del PSOE preverán mecanismos de control, pero dudo que alguna vez se hayan puesto en marcha.

Sin embargo, si los principios democráticos a los que se hace referencia en los preceptos que he citado se cumplieran escrupulosamente obtendríamos una forma de potenciar la participación ciudadana en la política. ¿Por qué no se obliga a los partidos políticos a cumplir la ley?
Sería curioso que el Ministerio Fiscal, en base al art. 10.2.b (“La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica.”) Instase la disolución judicial de alguno de los dos grandes partidos. Sin embargo esta ley, redactada por ellos mismos, se asegura de que ello no ocurra, exigiendo que se vulnere de forma continuada, reiterada, y grave la exigencia de una estructura democrática.
Aparte del Ministerio Fiscal sólo está legitimado para instar la disolución de un partido político el Gobierno, ¿no son lo mismo? No, creo recordar que el Ministerio Fiscal es “independiente”. Y además el Congreso o el Senado podrían instar esta disolución, pero la decisión siempre estaría en manos del Gobierno en última instancia, en definitiva, estamos ante un mecanismo inútil.
De modo que no hay manera posible de obligar a los partidos a que cumplan la ley, pero en el caso de que lo hicieran podría obtenerse, reitero, una potenciación de la participación de los ciudadanos en la actividad política.

Por tanto, considero que además de la reforma de la LOREG, no estaría de más solicitar una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos; y que se endurezcan los mecanismos de control en cuanto al funcionamiento democrático de los mismos. Véase: Legitimar para instar la disolución de un partido a un número determinado de afiliados en caso de funcionamiento antidemocrático del mismo. Con ello los dirigentes de un partido deberían establecer unas directrices que satisficieran a la mayor parte de sus afiliados para lograr su voto; de lo contrario podrían verse abocados a la disolución. Al mismo tiempo, se incrementaría el esfuerzo de los diversos candidatos de un mismo partido para obtener la elección en el mismo; no bastaría con ser amigo de fulano o de mengano. Posteriormente los candidatos elegidos democráticamente (no como ahora) se presentarían a las diferentes elecciones, generales, autonómicas, o locales, sometiéndose por tanto a una segunda elección. Algo similar a lo que ocurren en EEUU.