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¿Una sociedad sobrevalorada?

Las anunciadas protestas ciudadanas se han materializado esta semana, los días 25, 26 y 29 de septiembre han tenido como protagonistas a miles de personas manifestándose en las calles de Madrid. No es algo nuevo. Lo que sí es nueva es la reclamación de los manifestantes, o al menos es parcialmente distinta. Se reclama un nuevo proceso constituyente previa disolución de las cámaras elegidas democráticamente hace menos de un año. Con el pretexto de que los senadores y diputados electos “No nos representan” los manifestantes reclaman una nueva constitución y mayor participación para el pueblo. Podríamos entrar en el debate de si nos representan o no, o en el de si nuestra ley electoral recoge adecuadamente el sentir de la ciudadanía. No lo voy a hacer. Considero que hay cosas que se pueden mejorar, incluso el propio Consejo de Estado ha señalado la necesidad de reformar la ley electoral en algún aspecto concreto, como el de la excesiva cuota de representación que obtienen los partidos nacionalistas. Pero hoy no quiero centrar mis reflexiones en este ámbito.

Se dice que los políticos de una nación son el reflejo de la sociedad que gobiernan. Las últimas encuestas del CIS reflejan que entre las mayores preocupaciones de los españoles se encuentra la clase política. ¿Podría entonces interpretarse que a los españoles les preocupa la sociedad que conforman?
Políticos que no tienen en cuenta los intereses de los votantes si no los suyos propios, políticos corruptos que emplean el poder que les otorgan los ciudadanos en su propio interés. Políticos que hacen oídos sordos a las reclamaciones de la ciudadanía. Todas estas afirmaciones, a día de hoy, son prácticamente irrefutables. Ahora extrapolemos esas afirmaciones a un ciudadano corriente. Ciudadanos que no piensan más que en su propio interés. Ciudadanos que hacen oídos sordos de las reclamaciones de sus conciudadanos. Ciudadanos que, cuando gozan de un poder suficiente, de la índole que sea, lo emplean en su propio interés. Si bien, en su mayoría carecen del poder suficiente para emplearlo en su propio interés, y éste no les es otorgado por nadie.
Es una comparación parcial, cierto, pero bajo mi punto de vista, ajustada a la realidad. Políticos y ciudadanos anteponen el interés particular al interés general. Un dato. La tasa de ahorro se ha incrementando desde que comenzó la crisis ¿por qué ahorran los ciudadanos? Entre las diversas causas que se podrían aducir, una es irrebatible, para no pasarlas canutas, para velar por su propio interés. Y ¿Qué tiene de reprochable eso? Nada, nada en absoluto. Cuando los que deben velar por tus intereses no lo hacen, lo primario y elemental es hacerlo uno mismo. Pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién se despreocupó primero del interés general? ¿Deteriora la clase política a la sociedad, o es la sociedad la que permite el deterioro de la clase política?

Sería aventurado dar respuesta a tales preguntas, pero, a cuento de las manifestaciones que cada vez son más recurrentes, hay un dato que se debe tener presente: En las elecciones generales de 2011 votaron un total de 24.590.557 personas. 9.710.775 optaron por la abstención, 333.095 votaron en blanco y 317.886 depositaron un voto nulo en las urnas. Los resultados son de sobra conocidos. Casi 10 millones de abstenciones, algo más si unimos los votos en blanco y los votoros nulos, es un síntoma relevante, ¿son personas que directamente no se molestan en ir a votar porqué les da igual quién lleve el timón? ¿Son personas que se niegan a participar en un sistema en el que no creen? ¿O no encuentran una opción convincente dentro del mapa político? No soy sociólogo, y no he consultado estudios al respecto, pero es de suponer que habrá de todo.
El hecho es que un 71,69% de las personas con derecho a voto acudió a las urnas y se pronunció por la opción que le pareció correcta. Cualquier demócrata que se precie no puede cuestionar el resultado de las elecciones. Podrá cuestionar la ley electoral, o podrá cuestionar que la gente no sabe lo que hace, pero no podrá cuestionar el resultado.
Y es precisamente a este punto al que quería llegar ¿es consciente ese 71,69% de la fuerza que tiene su voto? ¿Es consciente el votante de lo que conlleva depositar su voto en la urna? ¿O emite su voto por emitirlo cómo quien va a comprar el pan? Por cierto, eso de que se vota cada cuatro años es falso, se vota cada cuatro años en tres comicios distintos, los generales, los autonómicos y los municipales, perdón por este apunte pero es que uno se cansa de leer y escuchar ciertas memeces. Sigo con las cuestiones ¿De qué conoce el votante al candidato? ¿Se molesta en estudiar con profundidad el programa electoral? ¿Le basta con lo que dicen los medios de comunicación? ¿Por qué?
Me respondo mentalmente a todas las cuestiones que he planteado y no me gustan las respuestas. De hecho me llevan a hacerme más preguntas. ¿Está la gente realmente disconforme con el sistema? ¿Entonces por qué acuden en su mayoría a la cita electoral? ¿Son incoherentes con su manera de pensar? ¿Acudieron engañados a las urnas?

Más cuestiones a las que dar una única respuesta sería pretencioso. Pero hay una cosa que tengo muy clara. Si las personas se hicieran más preguntas a sí mismas de las que se hacen habitualmente; si se molestaran en buscar respuestas a esas preguntas que son incómodas en el día a día y no dejar que otros las contestaran por ellos, es más que probable que esa clase política, tan denostada por los propios ciudadanos, no estaría en el lugar donde se encuentra, o sería distinta. El hacerse preguntas y contestarlas después de reflexionar empuja hacia una actitud distinta frente a los problemas que nos plantea la vida. A una actitud activa y no pasiva, a querer participar decisivamente y no de una manera apenas perceptible. Dejarse llevar por la corriente, permanecer callado, o preferir no plantearse las cosas es, nos guste o no, lo que hace la mayoría de la sociedad española.

Ahora parece que ahora algunos quieren imponer la moda de salir a la calle a “tumbar al gobierno” elegido democráticamente hace menos de un año. A los gobiernos se les tumba en las urnas, o mediante mecanismos legales. Yo no estoy en contra de las manifestaciones, estoy en contra de que se haga con las personas lo mismo que hacen nuestros políticos. Querer sustituir al poder político elegido conforme a la legalidad por el poder del vulgo, que no del pueblo, supone cargarse treinta años de historia democrática. Imperfecta, pero democrática al fin y al cabo. Perfeccionarla o destruirla está en nuestra mano, pero mientras las personas no se molesten en preguntarse y responderse a sí mismas, seguirán el dictado del que más fuerza tenga, ya sean partidos políticos, ya sean los indignados. Ni que decir tiene que la fuerza que alimenta a unos y a otros no tiene nada que ver, pero esta es otra cuestión.

A mi juicio todos aquellos que entienden que nuestros políticos no representan a nuestra sociedad sobrevaloran a la misma sociedad. Hoy me han comentado ¿no será que los políticos infravaloran a los ciudadanos? He pensado que podría ser factible, pero entonces me pregunto ¿por qué alguien iba a depositar su confianza en personas que le infravaloran?
Considero que una sociedad madura debe actuar como tal y reaccionar ante el abuso de los poderosos con las armas que ella misma se ha dado. La sociedad española se dio la Constitución de 1978 y si más de uno se molestara en leer sus artículos, no digo todos, bastaría con leer los que se encuentran en sus dos primeros títulos, no exigiría una nueva constitución, a lo sumo exigiría algún cambio, pero lo que exigiría, por encima de cualquier otra cosa, sería su cumplimiento. Os propongo un reto, preguntad a diez personas cual es el primer derecho fundamental que garantiza nuestra Constitución. Si más de dos dan la respuesta acertada podéis considerarlo todo un éxito. Y es que ¿qué podemos esperar de una sociedad donde la mayoría de ciudadanos ni siquiera conoce que la igualdad ante la ley es el primero de los derechos fundamentales que consagra su Constitución? Ya sé que lo importante es saber que la Constitución garantiza la igualdad, pero considero que una sociedad madura debe ser consciente de por qué la igualdad es el primero. Debe ser consciente de algo tan básico como que si no se antepone la igualdad de derechos ante la ley a cualquier otro derecho que se garantice, éste no estará garantizado del todo. La cuestión es ¿vivimos en una sociedad que es consciente de eso? Sinceramente, tengo mis dudas.

Art. 31.2 CE y su reiterado incumplimiento.

Repasando unos artículos de la Constitución Española me ha llamado la atención un precepto al que no había prestado atención hasta el día de hoy. Concretamente es el artículo 31.2 de la Constitución:

“El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.”

Leo y releo este precepto constitucional y me digo a mi mismo, tenemos una buena constitución, es más, en materia de garantías es de las más avanzadas de su entorno, no obstante los gobiernos que se suceden en el tiempo se empeñan en incumplirla reiteradamente. Podríamos extendernos sobre la cantidad de preceptos de la Constitución Española que se vulneran diariamente en nuestro país. Pero hoy sólo quiero hacer una breve reflexión sobre el art. 31.2.

El primer inciso impone que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos. Equitativa. Esto es que se realice una asignación con equidad, que en este caso debemos entender como “con moderación en el precio de las cosas”. Llama poderosamente la atención como se saltan a la torera este primer inciso la gran mayoría de los contratos públicos que celebran la Administración central, la autonómica y la local. El sobrecoste de la cantidad de obras faraónicas que están dispersas por toda la nación es un reflejo de que la equidad en la asignación de los recursos públicos nuestros políticos se la pasan por el arco de triunfo.

Pero el segundo inciso especifica y añade “su programación y ejecución responderán a criterios de eficiencia y economía”. Eficiencia y economía. La RAE define la eficiencia como “Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. Y economía, en su primera acepción, como “Administración eficaz y razonable de los bienes”. Pues bien, desde luego si el efecto que se pretende conseguir con el gasto público es arruinar las arcas públicas nuestros dirigentes cumplen con creces el mandato constitucional. No obstante debemos entender que la eficiencia se exige conjuntamente con la economía en dicho gasto, por lo tanto, difícilmente puede ser arruinar las arcas públicas el efecto al que se refiere la Constitución.

Todo lo que acabo de escribir puede parecer una perogrullada. Sin embargo, habida cuenta de como está el país, parece que es conveniente recordar cual es la letra de nuestra Carta Magna. Porque que me expliquen a mí donde está la equidad, la eficiencia y la economía en un curso de experto en salud sexual y reproductiva en Senegal que tiene un coste de 206.492 €, y esto por poner un ejemplo, en este vídeo encontraréis varios

Y poco más hay que añadir. Se pide modificar la constitución española, estoy de acuerdo en que algunas cosas deben ser modificadas. Pero ¿por qué no aplicamos la que tenemos hasta entonces?