Archivo de la categoría: Derecho

Depósitos. Su regulación y qué debemos saber. (I)

deposito

Una de las cosas que siempre ha llamado mi atención a lo largo de los años que llevo preparando oposiciones es el contrato de depósito. Hoy, tras los acontecimientos que han vivido los ciudadanos chipriotas, el tema cobra una relevancia tremenda.
La legislación española se ocupa del contrato de depósito en el Código Civil y en el Código de Comercio. Dejando de lado el depósito civil, que se define legalmente como el contrato que se constituye desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. Nos vamos a centrar en el mercantil. Para que el depósito sea mercantil se requiere:

1) Que el depositario, al menos, sea comerciante.
2) Que las cosas depositadas sean objeto de comercio.
3) Que el depósito constituya de por sí una operación mercantil, o se haga como causa, o a consecuencia, de operaciones mercantiles.

Son unas exigencias que el legislador mercantil establece para diferenciar dos figuras contractuales que persiguen el mismo fin: La custodia y la guarda del objeto que el depositante entrega al depositario. De hecho esta guarda y custodia se configura de manera muy rigurosa en ambas legislaciones, hasta el punto que de ellas se infiere que el depositario nunca podrá utilizar la cosa depositada sin el consentimiento del depositante. Y en el caso de que el depositante consienta esa posibilidad se prevé que el contrato quedará transformado en un contrato de préstamo, dejando de ser un contrato de depósito.
Así el art. 309 del CCo dispone que se observarán las reglas del préstamo cuando el depositante consienta que el depositario utilice el objeto del depósito para sí o sus negocios. Pero el art. 310 del CCo introduce una salvedad importante. “Los depósitos verificados en bancos, en las sociedades de crédito o en otras cualesquiera compañías, se regirán en primer lugar por los estatutos de las mismas; en segundo, por las prescripciones de este Código, y últimamente, por las reglas del Derecho común, que son aplicables a todos los depósitos.”
Ello comporta una importante consecuencia para los depósitos verificados en estos establecimientos, pues en la mayoría de casos dejan de estar presididos por la idea de guarda y custodia que exige la normativa general.

Me explico. Además de la clasificación entre depósitos civiles y mercantiles que hemos realizado, desde un punto de vista jurídico se hace otra distinción:
Depósitos regulares: Donde el depositario (el banco) se obliga a restituir la misma cosa que recibió del depositante sin que pueda servirse ni utilizar el objeto depositado (piensen por ejemplo en el servicio de cajas de seguridad que ofrecen algunos bancos).
Depósitos irregulares: Donde el depositario (el banco) se obliga a restituir otro tanto igual de los objetos recibidos del depositante. Con la particularidad de que en este caso el banco sí que puede disponer del objeto depositado (piensen en el dinero). Este depósito se denomina irregular porque se aleja de la idea que venimos comentado y porque no se encuentra regulado por el ordenamiento español. Si pervive ha sido, precisamente, gracias a la disposición que recoge el art. 310 del CCo.

Estos depósitos irregulares son, por tanto, contratos bancarios. Concretamente pertenecen a las denominadas operaciones pasivas, en donde los bancos reciben crédito de sus clientes. Y suelen articularse de dos formas:
Depósito a la vista: Que viene a ser sinónimo de lo que todos conocemos por cuenta corriente.
Depósito a plazo: Que como cuyo nombre indica es aquél que contratamos con el objeto de que el banco custodie nuestro dinero y nos lo devuelva al cabo del plazo estipulado.

Por tanto, cuando abrimos una cuenta corriente o contratamos un depósito, aunque puede que muchos lo ignoremos, estamos concediendo crédito a nuestro banco. Cuando nos ingresan la nómina en la cuenta corriente, estamos concediendo crédito a nuestro banco. Cuando abrimos una cuenta corriente a nuestro hijo, o a nuestro nieto, estamos concediendo crédito al banco. El banco contrae una deuda con nosotros. Lo que ocurre es que a esa deuda se le llama depósito, lo que a mi juicio es un error. Y es un error porque cabe suponer que la finalidad del que deposita su dinero en el banco no es conceder un crédito al banco; la finalidad del depositario es poner su dinero a buen recaudo.
¿Por qué se configura como un préstamo cuándo le llamamos depósito? La cuestión estriba en el carácter regular o irregular del depósito mercantil. Un depósito regular conlleva obligaciones para el depositante y para el depositario. El depositante tiene que remunerar al depositario la actividad de guarda y custodia que desempeña. El depositario, por su parte, está obligado a restituir el objeto del depósito sin menoscabo alguno, y con los aumentos que en su caso tuviere.
Sin embargo, el depósito irregular sólo implica obligaciones para el depositario (el banco). Por un lado restituir la cantidad depositada, pero además pagar el interés que se hubiere estipulado en el contrato. ¿Por qué a éste se le llama depósito cuándo en realidad no lo es?

La proliferación de los depósitos irregulares ha constituido, y constituye, un potente instrumento de financiación para las entidades bancarias. Hasta el punto de que estos depósitos definan, junto con el dinero en circulación, el denominado agregado monetario.
Pero sobre el agregado monetario, y las cuestiones sobre la reserva fraccionaria y el coeficiente de caja hablaré en mi siguiente post. Mientras tanto háganse la siguiente pregunta ¿Son todos los bancos iguales? Si tuvieran que prestar su dinero ¿a quién se lo prestarían antes? ¿A quién les ofrece mayor interés o a quién les ofrece menos riesgo? Y es que como nos recuerda Daniel Lacalle en su libro, Nosotros, los Mercados, “a mayor interés, mayor riesgo”.

(Continúa aquí)

Anuncios

¿Qué ha dicho el TJUE sobre la normativa hipotecaria española?

La semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que ha tenido una importante repercusión mediática en nuestro país habida cuenta del tema al que se refiere dicha sentencia. El tema no es otro que el de los mal llamados desahucios.

A lo largo de este post voy a tratar de arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Para ello haré referencia a distintas cuestiones por separado, para que el lector pueda comprender mejor las cosas y no caiga en la confusión que genera todo el ruido mediático.

En primer lugar, antes de entrar en materia puede que muchos de ustedes se pregunten ¿Por qué el TJUE ha dictaminado sobre la normativa española que regula el procedimiento de ejecución de bienes hipotecados (desahucios en la mayoría de medios de comunicación)? Para dar respuesta a esta cuestión sin alargarnos en exceso podemos decir que, en determinadas materias, las instituciones de la UE promulgan una serie de normas, Directivas y Reglamentos; con el objeto de desarrollar el contenido de los Tratados de la UE. Una de estas materias es la protección a los consumidores frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. La Directiva 93/13/CEE establece el marco básico que debe ser recogido en la legislación nacional de los distintos Estados Miembros. España ha desarrollado esta directiva. Y la normativa de protección a los consumidores se encuentra recogida, básicamente, en dos textos legislativos complementarios: El TR. De 16 de noviembre de 2007 y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

Aclarado este punto cabe preguntarse ¿Qué es lo que ha dicho el TJUE que está mal en nuestra legislación? Sería bueno leer la sentencia, o al menos el resumen de la misma para comprender mejor la explicación.

La clave de la cuestión se encuentra en el procedimiento ejecutivo directo y las particularidades que éste presenta cuando el objeto del mismo son bienes inmuebles. Dicho de otro modo, el procedimiento que siguen los mal llamados desahucios. La normativa que regula este procedimiento se encuentra recogida en los arts. 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se le denomina procedimiento de ejecución directa porque es mucho más ágil que el procedimiento de ejecución ordinario. Esta distinción no la he leído aún en ningún sitio.

Para que pueda iniciarse este procedimiento se establecen una serie de requisitos específicos de los que no nos vamos a ocupar en este capítulo. Es en el desarrollo del procedimiento donde incide la sentencia del TJUE. Una vez iniciado el procedimiento, habida cuenta de las garantías que acompañan al título ejecutivo, nuestra legislación contempla unas causas de oposición muy específicas a la ejecución. Son las recogidas en el art. 695 de la LEC.

¿Qué ha ocurrido para que el tribunal haya fallado en el sentido en el que lo ha hecho? Que ninguna de esas causas recoge la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato constitutivo de la hipoteca cuando de la directiva anteriormente citada se desprende que debería recogerse esa causa de oposición en el procedimiento al que hemos hecho referencia.

¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para nuestro ordenamiento jurídico? Esta es la siguiente cuestión que debe plantearse para tener una idea completa de lo que está ocurriendo.
La implicación básica es que nuestra normativa adolece de un defecto en relación a los medios de defensa del consumidor que arbitra La Directiva 93/13/CEE cuando aquél se encuentra incurso en un proceso de ejecución como el que regula nuestra legislación. Ese defecto debe ser corregido mediante la correspondiente modificación normativa que introduzca una nueva causa de oposición. A mi juicio, como comentaba aquí el diciembre pasado, debería configurarse como tal la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato.

Ahora bien, ¿Qué es una cláusula abusiva? Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.” (Art. 82 TR 16-IX-2007) Es un concepto bastante genérico que se complementa con lo establecido en el propio art. 82, que en su párrafo tercero de donde se desprende que habrá que atender a la naturaleza de los bienes y servicios, circunstancias en el momento de la celebración y las demás cláusulas recogidas en el contrato. El legislador establece además, siempre de acuerdo con la directiva, una serie de ejemplos de cláusulas abusivas en los artículos 85 y siguientes.

¿Qué ocurre si una cláusula es abusiva? Esta no produce efecto alguno. Es nula de pleno derecho. Que una cláusula sea nula no significa que el contrato sea nulo en su totalidad. La nulidad de pleno derecho afecta a la estipulación concreta que reúna los requisitos establecidos para ser declarada abusiva. Ahora bien, para ello debe ser denunciada. La acción para denunciar el carácter abusivo de una cláusula es imprescriptible en nuestro derecho, es decir, puede ejercitarse en cualquier momento. La acción, además de por el consumidor, puede ser ejercitada por las asociaciones de consumidores. Y la siguiente cuestión que se plantea es ¿Quién declara abusiva una cláusula contractual? Sólo puede hacerlo un juez. Una vez declarada por el juez la nulidad de la cláusula por abusiva ¿qué es lo que ocurre? La ley nos dice que el contrato se integra, se recompone por así decirlo, por el juez que es el que goza de facultades moderadoras en relación a las obligaciones de las partes, si subsiste el contrato; o en relación a las consecuencias de su ineficacia, si la cláusula determina la nulidad del contrato. Ineficacia, o nulidad, que sólo puede declarar el juez cuando las cláusulas del contrato que subsistan determinen una situación no equitativa de las partes. Por tanto para que se declare la nulidad del contrato por el motivo que nos ocupa es necesario que se de una situación de desequilibrio entre las partes de tal naturaleza que determine que el contrato no puede subsistir.

Una vez declarada nula por sentencia una cláusula abusiva la sentencia se inscribe en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, con importantes efectos. En la cuestión que nos ocupa esto tiene una relevancia capital. Estamos hablando de hipotecas y de su ejecución; esta ejecución requiere necesariamente un título, que autoriza un Notario, y una inscripción en el Registro de la Propiedad, que practica un Registrador. La inscripción de una cláusula abusiva en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación determina que los Notarios y los Registradores no autorizarán o inscribirán, respectivamente, contratos que incluyan o pretendan incluir cláusulas que estén recogidas en sentencias inscritas en el citado registro (Art. 84 TR 16-XI-2007).

Como vemos son los jueces los que desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar el carácter abusivo de una cláusula contractual. Por tanto ni Notarios ni Registradores, antes de que se dicte la correspondiente sentencia, pueden apreciar si un contrato contiene o no contiene cláusulas abusivas. Después sí.

Explicada esta cuestión a continuación abordaremos lo esencial de la sentencia del TJUE.  La sentencia del TJUE no sólo aborda la cuestión del defecto del que adolece nuestra normativa en relación a los medios de defensa que debe tener a su disposición el consumidor en el procedimiento de ejecución directa. Además de ello valora que debe entenderse por cláusula abusiva. Sobre esta cuestión la conclusión que se extrae de la sentencia es la misma a la que acabamos de llegar: es el juez el que debe valorar y determinar, en función de las circunstancias concurrentes en el caso, si una cláusula es o no es abusiva.

Esto sentado, y siendo lo que parece cobrar mayor interés en la opinión pública, debemos referirnos a las tres cláusulas concretas que menciona la sentencia. La primera de ellas versa sobre el vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimiento del deudor. He de decir que he leído muchas cosas en relación a esta cláusula. Sin embargo en la sentencia no se le dedica más que un párrafo. Y viene a reiterar lo que venimos diciendo, es el juez el que debe determinar si esa cláusula es abusiva o no en base a lo que establezca el derecho nacional y demás circunstancias del caso. Ahora bien, nuestra legislación contempla expresamente la posibilidad de que las partes convengan que se produzca el vencimiento anticipado del contrato en el caso indicado (art. 693.2 LEC), y contempla, además, la posibilidad del deudor, llegado este caso, de liberar el bien, una vez iniciado el proceso de ejecución, mediante el pago de aquello que adeudare al tiempo de la presentación de la demanda. Asimismo se prevé que no sea necesario el consentimiento del acreedor la primera vez que se produzca la situación prevista si el bien hipotecado es la vivienda familiar (art. 693.3 LEC). De modo que nuestro legislador fue consciente de la posible controversia que podría motivar este convenio de vencimiento anticipado y estableció medidas para paliar su impacto.

La segunda cláusula a la que alude la sentencia es la relativa a la fijación de los intereses de demora. Esta cláusula sí que plantea mayor controversia en relación a lo que establece nuestra normativa en materia de concesión de créditos. La propia sentencia del TJUE alude a que el juez deberá comprobar si “el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.” Nuestra normativa de crédito al consumo contempla que el interés de demora no puede superar 2,5 veces el interés legal del dinero. Los intereses moratorios que suelen fijarse en las cláusulas hipotecarias llegan, e incluso superan el 20%.

Por último, resta analizar la cláusula relativa a la determinación unilateral del importe del préstamo por parte del prestamista, y así poder iniciar la ejecución hipotecaria. El posible carácter abusivo estriba, según las conclusiones de Abogada General, en el hecho de que el deudor no puede oponerse a esa cuantificación en el procedimiento ejecutivo. Sin embargo, el art. 695 de la LEC sí que contempla esa causa de oposición en el procedimiento. Por lo tanto, me genera más dudas este último punto de la sentencia. De hecho, creo que debe descartarse de manera rotunda que el posible carácter abusivo provenga de la determinación unilateral del importe del préstamo por parte del prestamista ya que numerosos preceptos de nuestra legislación (572.2 LEC, 153 Bis LH) admiten este pacto entre las partes.

Para concluir este post podemos destacar los siguientes aspectos.

La sentencia del TJUE que nos ha ocupado no dice que la normativa reguladora de los mal llamados desahucios sea ilegal. Únicamente dice que la regulación de uno de los procedimientos de ejecución hipotecaria en España presentaba una carencia puesto que privaba al deudor de la posibilidad de alegar la posible existencia de cláusulas abusivas durante ese procedimiento. Nada más.

Los mal llamados desahucios seguirán existiendo como han existido. No debemos olvidar que estos procedimientos tienen una razón de ser, la protección de los derechos del acreedor. Cuando una persona o una entidad bancaria conceden un crédito lo hacen a un mayor o a un menor interés en función del riesgo que asumen. La normativa que regula la ejecución hipotecaria es un plus de seguridad que permite que el interés al que se presta sea menor puesto que brinda mayor seguridad al acreedor, a fin de cuentas éste es el que presta su dinero. Los años de crisis que llevamos, las críticas situaciones que se han vivido en España en los últimos meses, y el escaso conocimiento de una materia que es bastante compleja han motivado que se olvide el derecho del acreedor y sólo se hable del derecho del deudor. Creo que debe reflexionarse con mucho cuidado sobre estas cuestiones.

En primer lugar porque el acreedor no sólo es un banco. El banco presta el dinero de sus depositantes, el de la mayoría de las personas. Si el banco pierde perdemos todos. No es el sistema perfecto, pero de momento, es el que hay, y mientras no lo reparemos no podremos adoptar uno diferente. A no ser que queramos correr con cuantiosas pérdidas. La interconexión crédito-depósitos es clave para poder abordar este tema con seriedad.

En segundo lugar negar los abusos que se han cometido por parte de algunas entidades es una actitud que debe abandonarse de inmediato si queremos seguir en la senda de la seriedad. Abusos que nuestros tribunales han sancionado. Lo que ocurre es que en 2009 la repercusión mediática de determinados colectivos no es la que tienen hoy. El Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de diciembre de 2009, declara la nulidad de múltiples cláusulas abusivas (entre ellas diversas relativas al vencimiento anticipado del crédito por causas distintas a la falta de pago), la cuáles fueron inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, con las implicaciones que ello tiene y que fueron comentadas en el segundo post de esta serie. Lo que no puede pretenderse es que el derecho se anticipe a lo que todavía no ha ocurrido si queremos seguir viviendo en una sociedad libre.

Por último hay que tener presente la implicación que la regulación de estos procedimientos tiene con el sistema financiero. Y es que, además de que los bancos prestan con el dinero de sus depositantes, hay que tener presente que determinados productos financieros, como bonos o cédulas hipotecarias (en ellos las hipotecas se agrupan para ser vendidas conjuntamente), son un instrumento de financiación capital para nuestras entidades. Es muy aventurado valorar la repercusión de esta sentencia en esos instrumentos financieros. Pero a buen seguro la habrá.

Hasta entonces hay que esperar. Esperar a lo que dictamine el juez español que presentó el recurso prejudicial al TJUE, y esperar a las maniobras que acometa nuestro gobierno para ajustar la normativa a la sentencia dictada. En cualquier caso, como comenté aquí, considero que esta solución podría haber ahorrado la moratoria de dos años que se aprobó en diciembre. Siendo esta solución un término medio entre la dación en pago obligatoria, que favorece a una de las partes y el inmovilismo normativo que favorece a la contraparte de aquélla.

Trampas al solitario.

El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero lleva por título: “por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.” La modificación de las tasas judiciales era algo demandado insistentemente y el gobierno ha tardado poco en reaccionar. Pero no es este el tema que me ocupa en el presente post.
A pesar de su denominación, en este Real Decreto-Ley encontramos, entre sus disposiciones finales, una relativa a medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias. Concretamente es la DF 3ª.

En virtud de la misma se prorroga por un año más una medida excepcional que se adoptó en 2008. Esta medida fue establecida por el Real Decreto-Ley 10/2008. Según su exposición de motivos se adoptaba con el objeto de evitar, dada “La reciente evolución de la actividad económica internacional [que] nos sitúa[ba] en un contexto excepcional”, la reducción obligatoria del capital de las sociedades mercantiles (S.L. y S.A.) como consecuencia de “las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, el régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable.” (la negrita es mía). Aludiendo a “las pérdidas coyunturalmente significativas en determinadas compañías“.

De acuerdo con ello se estableció que las pérdidas derivadas del deterioro del inmovilizado material,  y de las inversiones inmobiliarias, reconocidas en las cuentas anuales, no computaran a unos efectos específicos. ¿Cuáles? A los efectos que determinan, de acuerdo con la normativa que regula las sociedades de capital, la posible disolución de la sociedad si esas pérdidas dejaran su patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Posible disolución puesto que en estos casos la sociedad tiene una alternativa que consiste en aomentar o bien reducir el capital social en la medida suficiente.
De este modo sociedades con importantes inversiones en inmovilizado material, o que contaran con inmovilizado material en su activo se veían menos afectadas por esas pérdidas. El Real-Decreto de 2008 preveía que esta excepción tendría lugar con carácter excepcional en los dos ejercicios posteriores a su entrada en vigor (13 de diciembre de 2008). No es difícil deducir quien era el principal beneficiario de esta excepción. No obstante no puede negarse el posible efecto que esta controvertida medida, el mismo puede apreciarse en este excelente gráfico de @absolutexe.

qy

Transcurrido el término de vigencia que determinaba el Real Decreto-Ley de 2008 encontramos que el 31 de marzo de 2010, un nuevo Real-Decreto que lleva por título “por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal” en su artículo primero prorroga la medida expuesta. Su artículo primero dispone: “Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante los dos ejercicios sociales que se cierren a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.”

Un bonus de dos años para las empresas con inmovilizado material en su activo y con inversiones en el mismo. Justificando en la exposición de motivos que la medida “ha permitido amortiguar el impacto de la crisis en muchas empresas que, de otra manera, se habrían visto gravemente afectadas.” Aludiendo de nuevo a “La reciente evolución de la actividad económica internacional” y a “las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías”, Así pues, nuestras empresas parece ser que no tuvieron suficiente con una excepción de dos años, y se les conceden otros dos años más para que saneen sus balances. Dos años después la situación internacional también seguía afectándonos de manera significativa y nos situaba en una situación excepcional que justificaba esta medida.
Esta vez encontramos que la medida esta vez no tuvo un impacto tan significativo, y si bien el ritmo de destrucción de sociedades de capital no fue tan alto como el que se vivió entre 2006 y 2007, el gráfico revela que el a partir de 2010 el número de extinción de sociedades se incrementa de manera considerable, sobre todo en Madrid.
Existe una posible explicación, y es que la prórroga de la medida se decretó en Marzo de 2010, cuando su vigencia estaba prevista para los ejercicios sociales de 2007 y 2008. Las pequeñas y medianas empresas suelen presentar sus cuentas anuales a final de año, de modo que a muchas es probable que la prórroga decretada en marzo de 2010 no les alcanzara al tiempo del cierre del ejercicio de 2009. Sería interesante averiguar que grandes compañías presentaban sus cuentas después de Marzo de 2010. Aunque también es cierto que en 2009, segundo año de vigencia de la medida originaria, el efecto de la misma es mucho menos acusado que en el primero.

¿Son suficientes cuatro años para que las sociedades de capital se desapalanquen? En España podría parecer que no, puesto que el Real Decreto aludido al principio de este post, el 3/2013, prorroga por un año más la posibilidad de que no computen las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias a los efectos que ya hemos explicado.
Y con una interesante novedad: “…así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.” Lo que viene a significar que las citadas pérdidas que supongan la insolvencia de una sociedad mercantil no motivarán que el acreedor pueda instar el concurso de acreedores.
Transcribo la justificación que recoge la exposición de motivos: “En este momento, dado que el proceso de consolidación bancaria va a suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector, y ampliar su ámbito de aplicación para evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en situación de concurso de acreedores. Se prevé que esta será la última prórroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los últimos años van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo.”
¡Por fin se alude sin tapujos a las empresas del sector inmobiliario!

De todo lo expuesto aquí concluyo varias cosas. En primer lugar esta medida pudo tener un efecto positivo para muchas sociedades de capital, ya que tras su aprobación se aminoró de forma notable el ritmo de destrucción de las mismas. Sin embargo, después del primer año la medida empieza a perder eficacia, y pese a las prórrogas posteriores no se observa una desaceleración del ritmo de extinción de sociedades, más bien al contrario.

De manera que el mantenimiento de esta medida es cuestionable, tanto en 2010, como ahora; si bien ahora se declara que tiene por objeto, ya no evitar la disolución de las empresas del sector inmobiliario, sino el posible concurso de las mismas. Que después de cinco años se mantenga esta medida de carácter excepcional es algo que pone de manifiesto, una vez más,  las desproporcionadas dimensiones de la burbuja inmobiliaria en España; además de una manifiesta y negligente lentitud en estallarla.
Pero no sólo eso. Porque la prórroga de esta medida, justificable en un primer momento; después del tiempo transcurrido para que las sociedades hagan los deberes y se desapalanquen, sólo encuentra justificación en el afán de mantener con vida una serie de empresas zombies, fuertemente apalancadas, que durante más de cinco años se han librado de la obligación de reducir capital, aumentarlo, o extinguirse. Ahora, habida cuenta de que se encuentran fuertemente endeudadas, también se les exime de someterse al procedimiento concursal. Se sobreentiende que los acreedores de esas empresas fuertemente endeudadas, son, en su mayor parte, entidades de crédito, y dada la obsesión con la necesidad de que fluya el crédito, esta medida viene al pelo. Ya no sólo se dilata la obligación de que estas empresas desaparezcan sino que también se dilata que se inste contra ellas un procedimiento concursal. Y es que mal negocio sería que después de que los bancos nos han endosado a todos sus activos tóxicos vía Sareb, se encontraran con el “regalo” de las empresas del sector inmobiliario.  

En definitiva, una vez más, nos hacemos trampas al solitario. Fiamos todo a que tarde o temprano las cosas cambien y no se ataca el problema de raíz. No se hizo en un primero momento, y puede que hacerlo ahora sea mucho peor. Sin embargo, por muchas patadas hacia adelante que demos, la pelota ni desaparecerá ni se hará más pequeña. Veremos si el año que viene volvemos a ver otra prórroga de esta controvertida medida.