Como acostumbra a señalar una persona con la que he tenido ocasión de trabajar este último año las cosas que van a generar polémica, véase un nuevo plan urbanístico, siempre se plantean en el momento en que menos polémica puedan generar ¿Cuál es ese momento? El mes de agosto. Precisamente ha sido el mes de agosto de este año, si bien con algunas salvas de prueba en los meses anteriores, el que ha elegido el Partido Popular para plantear una reforma electoral para modificar el sistema de elección municipal. Siendo honestos por todos es sabido que no es la primera vez que se plantea que deba gobernar la lista más votada en los municipios, en orden a dar legitimidad a lo que vota la mayoría de la población frente a coaliciones oportunistas que pueden ser tan rocambolescas como la de Izquierda Unida con Falange Española (algo que ocurrió en el año 2007 en la localidad de Ardales). Sin embargo, el hecho de que sea precisamente después de la irrupción de Podemos en el panorama político y de los resultados cosechados por populares y socialistas en las elecciones europeas, muchas dudas se plantean en torno al verdadero interés del gobierno.

Es obvio que el debate se centra en el impulsor de la reforma. Ahora bien si el gobierno invita a Pedro Sánchez a pactar esta reforma es porque sabe que a éste, o a Susana Díaz principalmente, dicha reforma les puede resultar atractiva. A buen seguro que tanto en Génova como en Ferraz se han realizado, o se están realizando cálculos y estimaciones para determinar si conviene o no conviene una reforma en este sentido o si conviene, cuál es la forma más adecuada para poder seguir perpetuándose en los Ayuntamientos. Reforma que por otra parte puede tener consecuencias indeseadas en regiones donde el nacionalismo radical (ERC o Bildu) no tiene más alcaldes, precisamente, gracias a los pactos entre formaciones nacionalistas moderadas y los dos grandes partidos.

Finalmente cabe plantearse el sistema electoral que resultaría de la reforma que se pretende impulsar. Pistas sobre ello ha dado el ex-presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Por otro lado, y para quien pueda estar interesado en las variables existentes en caso de que finalmente se acometa la reforma, os recomiendo leer este excelente artículo de Pablo Simón. Hay muchos factores que determinan la procedencia o improcedencia de la reforma electoral que se pretende llevar a cabo. Bajo mi punto de vista muchos de los que determinan la improcedencia hubieran quedado silenciados si esto se hubiera hecho a su debido tiempo, es decir, en la primera fase de la legislatura, y no ahora, a las puertas de las municipales donde no sólo puede ésta reforma puede suponer un duro golpe para el clásico bipartidismo de nuestro país, sino donde además es posible que se produzcan consecuencias imprevisibles, siendo éstas el resultado habitual de hacer las cosas con prisas y sin pensar.