A medida que se consolidan los nuevos ministros en sus asientos vamos descubriendo que deriva va a tomar el gobierno de Mariano Rajoy. La de hoy, “incluir sanciones a los políticos en el Código Penal”. A bote pronto es una medida que todos, en mayor o menor medida esperábamos. Con ello se pretende “exigir más responsabilidad” a los dirigentes, tanto nacionales, autonómicos como de las entidades locales, “que administran el dinero de todos sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asumen gastos sin respaldo presupuestario, es decir, al margen de la ley que tiene que guiar el gasto, que es el presupuesto”. Esta es la forma en la que se ha expresado el portavoz de los populares Alfonso Alonso.
Me ha llamado la atención que se anuncie esta medida pocas horas después de que Cristóbal Montoro haya anunciado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirá que el Estado controle los presupuestos generales de las Comunidades Autónomas. Además se prevé que en el caso de que las CCAA sobrepasen una determinada cifra de déficit podrán ser intervenidas, temporalmente, por la Administración General del Estado.
Cierto es que todo esto todavía está por concretar, y que la ley aún no se ha aprobado. Pero con los elementos de juicio que tenemos podemos extraer las siguientes conclusiones:

– Las CCAA y las entidades locales van a tener muy crudo gastar más de lo que ingresen, puesto que se va a controlar por ley y por el Estado que sus presupuestos generales sean ajustados.
– Se prevén sanciones para aquellas entidades que no cumplan los objetivos de déficit.
– En el caso de que se “gasten” más de lo que presupuesten, no sólo se podrá intervenir el ente autonómico o local, sino que además los dirigentes que incurran en dicha actuación podrán estar cometiendo un delito.

A la vista de estas medidas sólo puedo concluir que ¿Qué clase de dirigentes nos permiten votar que es necesario imponerles por ley algo que es de puro sentido común? Vayamos por partes. A la vista de la situación en la que nos encontramos es obvio que estas medidas son necesarias. Pero esto es la superficie, hay que ahondar más en el porqué de estas medidas, y éste no es otro que nuestra clase política es una auténtica basura. Han sido, y a tenor de estas medidas se prevé que serán, unos incapaces absolutos, unos auténticos pródigos, que han malgastado y malgastarán el dinero público. Han agravado la crisis que estamos sufriendo y se prevé que seguirán cometiendo irresponsabilidades sino se les prohíbe por ley. No les basta con su compromiso con los votantes, a la vista está, además hay que amenazarles con penas de cárcel y sanciones para que hagan bien su trabajo. Ya veremos como se articula todo esto.

No obstante, ¿no tienen estas medidas algo de populistas? Yo creo que sí. ¿Es que no hay mecanismos para que los que nos han arruinado, tanto a nivel nacional, autonómico y local, paguen por lo que han hecho? Algunos contestan que sí, que han pagado en las urnas. A mi eso no me vale, primero porque no todos han pagado, y sino que le pregunten al PP valenciano. Y segundo, creo que hay que exigir algo más que responsabilidad política, en Islandia están juzgando a los dirigentes que abocaron el país a la crisis. Desconozco su sistema legal.

El nuestro lo conozco en parte, y desde aquí lanzo esta cuestión al que lea este post y lo conozca mejor que yo. En España existe una institución que se llama TRIBUNAL DE CUENTAS, cuya ley orgánica en su artículo segundo establece como funciones del mismo:

– La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.
– El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Y en su artículo 38 se establece:
1. El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. La responsabilidad podrá ser directa o subsidiaria.
3. La responsabilidad directa será siempre solidaria y comprenderá todos los perjuicios causados.
4. Respecto a los responsables subsidiarios, la cuantía de su responsabilidad se limitará a los perjuicios que sean consecuencia de sus actos y podrá moderarse en forma prudencial y equitativa.
5. Las responsabilidades, tanto directas como subsidiarias, se transmiten a los causahabientes de los responsables por la aceptación expresa o tácita de la herencia, pero sólo en la cuantía a que ascienda el importe líquido de la misma.

Desconozco la forma exacta en que se puede exigir esta responsabilidad contable, y si la misma se puede exigir a algunos de los que hasta hace poco han sido dirigentes nuestros, e insisto, tanto nacionales, autonómicos como locales. Bajo mi punto de vista o bien no hay forma efectiva de exigir esta responsabilidad o los dirigentes actuales prefieren hacer borrón y cuenta nueva sacándose de la manga una nueva serie de medidas “controvertidas” para exigir además de esta responsabilidad contable, una penal.
Claro que mi punto de vista en este ámbito no es todo lo amplio que debiera, por eso, de nuevo, insto a quién lea estas líneas a que arroje luz sobre esta cuestión a la que le llevo dando vueltas algún tiempo y no alcanzo a comprender del todo.